Laura Chinchilla, Doreen Vorndran
BID – Banco Interamericano de Desarrollo
Sinopse: En la última década, los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe han avanzado hacia una gestión sistémica de los problemas de la Seguridad Ciudadana y Justicia integrando estrategias de prevención y control del crimen y la violencia, la aplicación de justicia y la reinserción social.
Pasamos de abordajes de naturaleza reactiva y represiva, al diseño y la instrumentación de modelos que apuestan por la integralidad, los derechos humanos y la coordinación multisectorial. Asimismo, las instituciones de seguridad se descentralizaron para incluir múltiples actores institucionales y sociales en los distintos niveles de gobierno. Además, en materia de políticas públicas, se impulsó la utilización de un abanico de herramientas de gestión por resultados, coordinación, planificación, financiamiento y evaluación de programas.
Desafortunadamente, los avances conceptuales y doctrinarios no se han incorporado con la velocidad necesaria para atender los altos niveles de crimen y violencia que enfrenta la región.
Los cuatro principales desafíos institucionales que trae consigo el nuevo paradigma de la seguridad ciudadana son: i) la integralidad, ii) la multisectorialidad, iii) la rigurosidad y iv) la sostenibilidad y escalabilidad. En el presente documento se formulan diez recomendaciones que apuntan al desarrollo de acciones que aceleren la transformación de la gobernanza de la seguridad.
